José Pérez-Guerra
Jueves, 10 de septiembre de 2015
¿Quién roba a quién?

Artur Mas no piensa devolver las obras expoliadas del patrimonio aragonés

[Img #22268]La sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio que fuerza a Cataluña a devolver 113 piezas de las parroquias ‘de la franja’, que llevó el obispado de Lérida, además de otras piezas de Peralta de Alcofea y Berbegal, en la que no se admite la catalogación realizada por la Generalitat, sigue sin cumplirse; y en carta de Artur Mas al presidente de Aragón, Javier Lambán, aquel deja claro que no piensa hacerlo, a pesar de que juró o prometió cumplir y hacer cumplir la ley en la toma de posesión de su cargo.

 

El contencioso entre las dos comunidades autónoma empieza cuando las parroquias de la ‘franja’ aragonesa, que pertenecían a la diócesis de Lérida, pasaron a la de Barbastro-Monzón, quedándose en el Museo Diocesano de Lérida un conjunto de obras patrimoniales que el obispo Messeguer i Costa (1890-1905) se llevó como contrapartidas de reparaciones realizadas en los templos, a los que despojaba de sus piezas más singulares, como la escultura de la Virgen de Zaindin, que ‘compró’ por las 750 pesetas que se necesitaban para restaurar el campanario, como consta en el recibo de compra-venta que se conserva en el Museo Diocesano… todo un ejercicio pastoral, como se ve.

 

Pero en Cataluña hay mucho más arte aragonés. El Museo Nacional de Arte de Cataluña conserva entre otras piezas los murales de Sijena, pinturas de la Sala Capitular que datan del siglo XIII. El monasterio fue incendiado y saqueado en 1936 por milicianos de la República; en 1960, los murales que aún se conservaban fueron arrancados y trasladados para su mejor conservación a Barcelona, y siguen depositados en el MNAC por el ‘ordeno y mando’ de Franco. Ese es su único título de propiedad.

 

En el año 2005 la Signatura Apostólica juzgo en el Vaticano la cuestión y sentenció que los bienes retenidos en el Museo Diocesano de Lérida, debían restituirse a las parroquias de origen, pero el obispo de la diócesis alegó que no podía cumplir sin la autorización de la Generalitat, y ésta no acata la sentencia. En 2011 la Audiencia de Lérida sentencia que los bienes de la ‘franja’ son aragoneses, pero la diócesis y la Generalitat desobedecen. Y el pasado mes de junio el Tribunal Supremo dicta la ilegalidad de esa posesión. Pero como siempre la ley solo se cumple si interesa.

 

En España los tribunales sentencian e imponen las penas que la Administración Pública hace cumplir. Pero hay una excepción, la de los organismos públicos que al parecer tienen bula. Si la sentencia del Tribunal Supremo sobre el patrimonio aragonés expoliado y conservado en el Museo Diocesano de Lérida le condenase al cierre y a los políticos se les impusieran las penas oportunas, la justicia sería igual para todos. Y un ejemplo de esta sinrazón es el comportamiento de Artur Mas.

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