José Pérez-Guerra
Domingo, 24 de julio de 2016

La Generalitat valenciana busca un funcionario público para dirigir el Museo de Bellas Artes de Valencia

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[Img #24936]El Diario Oficial de la Generalitat de Valencia ha publicado, junto a otras ofertas de trabajo, el puesto de director del Museo de Bellas Artes de Valencia, para un candidato que será elegido entre los funcionarios de clase A-1, ya sean técnicos de cultura, arquitectura o de la administración general, abriéndose así un proceso que debe terminar con la provisionalidad de este cargo, puesto en el que el actual director, José Ignacio Casar Pinazo, no lleva aún un año de gestión; accedió al cargo interinamente tras la destitución de Paz Olmos.

 

El Museo de Bellas Artes de Valencia, considerado en más importante de España tras el Museo del Prado, es una entidad de titularidad estatal con su gestión transferida al Gobierno Autonómico, y lo normal sería que de esa gestión se responsabilice un museólogo con capacidad para poner en valor un patrimonio común de indudable atractivo para investigadores y público en general. Por ello opinamos que lo conveniente, y también lo ético, sería convocar la plaza de director, no sólo entre los funcionarios que a veces funcionan a tenor del político que manda o lo elige, sino abierta a expertos que demuestren ante un jurado independiente sus méritos; algo que debiera tenerse en cuenta en ese ‘manual de las buenas práctica’ que al parecer no significa nada para los políticos de turno de la Generalitat Valenciana, ni para los anteriores ni los de ahora que buscan controlarlo todo. Y esa línea de nombramientos se ha puesto de manifiesto en el Palau de la Música, el Consorcio de Museos o el Instituto Valenciano de Cultura...

 

El Museo de Bellas Artes de Valencia que lleva varios años con dirección provisional es un patrimonio cultural, e histórico, que debería quedar fuera de ‘manejos’ políticos; se trata de una cuestión de Estado porque su patrimonio no es solo valenciano y español, sino también universal. Y su dirección debería estar encomendada a un experto con experiencia demostrada, y debiera ser un tribunal independiente en que elija esa dirección, no sólo entre los funcionarios públicos, sino entre cualquier solicitante cualificados.  

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