Las Constituciones se promulgaron para defender al sector privado, a la ciudadanía, de unos poderes públicos que, desde la prehistoria, se consideraron dueños de vidas y hacienda. Fue cuando los obligados a ser súbditos, y fieles, logran quebrar las cadenas del absolutismo y conquistan sus derechos como seres libres, ‘habitantes’ de naciones soberanas. En España el paso de Reino Absoluto a Nación Soberana se logra conquistando su independencia en lucha contra Napoleón; y esa nación se instrumenta en un texto constitucional promulgado en Cádiz hace casi dos siglos.

Pero esta soberanía nacional ha quedado, en la práctica, en un mero enunciado cuando el Estado, que debiera administrar la ‘cosa pública’ mediante una buena gobernanza, se excede utilizando sus instrumentos legales, que promulga y están en sus manos, tratando de llegar a los ámbitos privados a base de adoctrinamiento, según cada momento. Y cuando una oligarquía político-sindical “ocupa” de muchas maneras el Estado, que succiona recursos del llamado pueblo soberano para ‘hacer política’ de partido en la conquista del Poder, comprando apoyos de otros grupos o manteniendo una clientela agradecida, en vez de dignificarla con oportunidades laborales.

Las recientes declaraciones de políticos socialistas sobre una posible subida de los impuestos para aligerar el déficit presupuestario, originados por el insoportable derroche de recursos en las tres administraciones públicas, y las innumerables sociedades y fundaciones parasitarias que colocan, bien pagados, a tantos correligionarios y peones de la cosa, son una prueba de que la economía española no podrá levantar cabeza mientras no se cambie sustancialmente la manera en como se administra el dinero de todos.

Los españoles pagamos, como media, más de la mitad de los ingresos a los poderes absolutos del Estado. Al Central, el IRPF que succiona varios de los históricos “diezmos” a la vez; pero además hay que cotizar a otras administraciones que cobran hasta “por asomarse a la ventana”. Y a esto se agregan los impuestos indirectos, que te exprimen más y más. Mientras duerme pagas; y lo haces al salir de casa y trasladarte al puesto de trabajo, cuando se va al médico, tomando un café con amigos o en la compra de alimentos. En la práctica pagamos por vivir en el ‘territorio estatal’.

En España muchos del personal cualificado: científicos, médicos, directivos de empresas –los que tienen nómina y por ello están controlados-, de cada 1.000 euros ganados, el Estado se lleva, sumando el goteo, casi 700 de estos profesionales. Y eso que podría considerarse expolio por cuantía, es pura indolencia que descapitaliza el país, mientras soporta un paro de vergüenza. Porque a la sociedad le queda poca capacidad de ahorro que llegue a los canales de la inversión productiva, generadora de trabajo, impuestos y bienestar social. El Servicio de Estudios de BBVA recuerda que el tipo marginal del IRPF para las rentas de trabajo en España se sitúa en el 43% en España frente al 37,5 de la media europea. “No es recomendable que aumenten significativamente los tipos marginales actuales a las rentas del trabajo con el objetivo de alcanzar una mayor progresividad”.

Y BBVA agrega que generaría “desincentivos relativos a la acumulación de capital humano y al trabajo en España de la población con mayores niveles educativos, frente a otras economías con menores cargas impositivas, afectando negativamente a la captación del talento y al potencial de la economía española...”. Pero no se enteran. En vez de dejar de malgastar –se le da dinero hasta a Marruecos para que sea buen vecino- este Gobierno piensa que los “súbditos” del Estado deben seguir pagando hasta que “por un designio planetario” haya brotes verdes y empiecen las cosechas... Es de locos.