José Pérez-Guerra
Sábado, 28 de abril de 2018

La Justicia frena la política ‘plurilingüista’ del Gobierno autonómico valenciano

[Img #29239]El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado la nulidad parcial del decreto de plurilingüismo que regula la enseñanza no universitaria de la comunidad, al considerar que se discrimina al idioma español vulnerando la normativa estatal y la Constitución. El actual Gobierno valenciano, presidido por Ximo Puig, está formado por el Partido Socialista y Compromís, y viene actuando desde sus inicios a modo de sucursal del nacionalismo catalán empeñado en la consecución de los llamados ‘países catalanes’, desgajados de la nación española.

 

La Justicia advierte que se vulnera la Constitución que, en su artículo 6, refiriéndose a los partidos políticos, dice: ‘Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley…’. Y en el título preliminar, artículo 3, que ‘el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo a sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección’.

 

Las comunidades autónomas, al igual que las diputaciones y ayuntamientos son parte del Estado español y por ello la lengua oficial del conjunto es el castellano (que en el siglo XVIII pasó a llamarse español), vehículo de entendimiento en todo el territorio, de ahí que la ‘guerra fría o caliente’ contra la lengua común además de ser un sinsentido (porque es un idioma universal hablado por más de 550 millones de personas) vulnera la Constitución vigente, que dice que ‘todos tenemos el deber de conocerla’ y el ‘derecho a usarla’. Y para ello debiera vertebrar todos los escalones de la enseñanza, cosa que se impide de muchas maneras en ciertas comunidades autónomas de manera totalmente ilegal. Los políticos llegan a sus cargo prometiendo cumplir y hacer cumplir ordenamiento jurídico, pero no lo hacen… en ciertas comunidades autónomas tratan de desterrar al español porque lo que interesa es acentuar las diferencias… como si la unidad no fuera un sumando de diferencias. Les interesa una España de forasteros formada por ‘republiquillas’ taifas donde la ‘clase política’ tenga mayores expectativas y grandes canonjías.

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