Entre las aspiraciones de la Sociedad General de Autores de España, SGAE, está la de cobrar por todo lo que no sea ‘el canto del gallo’, tal vez porque a hora tan temprana los recaudadores están dormidos. Su pretensión, consentida desde las alturas del Gobierno, que además le otorgaba subvenciones, es la de recaudar fondos hasta en las bodas y bautizos, en las reuniones familiares y, si pudieran, hasta en los rituales donde se entona el ‘gori gori’ y el canto gregoriano. La SGAE se ha convertido en otra agencia recaudadora, además de la Hacienda del Estado y las otras haciendas, autónomas y municipales, que han convertido al ciudadano en simple pagano.

Una sociedad de profesionales tiene el objeto de defender los intereses de los asociados, y velar por el pago de los derechos de autoría que se transmiten por herencia hasta un plazo de tiempo limitado. Pero resulta que la SGAE “vela”, además, por la de los no asociados y por aquellos derechos ya caducados. Desde este convencimiento de universalidad la sociedad cobra hasta por el estallido de los cohetes de las fallas, y busca las maneras para que las tradiciones, que nos llegan de otras generaciones, como la representación de “El Alcalde de Zalamea”, pague lo estipulado. Como deben aportar sus cuotas peluquerías o bares donde se emite música o se enciende la televisión, cuando la SGAE ya ha cobrado de las emisoras.

Se ha recaudado lo que corresponde y mucho otro que llega a las cuentas de la Sociedad General de Autores y ha tenido, por lo que se intuye ante la intervención judicial puesta en marcha desde primero de julio, una administración ‘de mal olor’; y ese olor se suma a la corrupción imperante en las distintas administraciones del Estado, desde mi Andalucía natal a Baleares, Valencia o Cataluña.

La SGAE, una de las instituciones privadas peor valorada por los españoles, mas que los controladores aéreos, han ‘administrado’ los caudales de una imposición fuera de cualquier razonamiento, consciente de que se les dejaba hacer porque estaba entre amigos. La Ley de Propiedad Intelectual señala que, a pesar del carácter privado de las entidades de gestión de derechos, deberá ser el Ministerio de Cultura quien vigile para el cumplimiento de obligaciones, teniendo la facultad de “ordenar inspecciones y auditorías”... pero en la España actual los ministerios solo están para lo que conviene al Gobierno y su partido. y la SGAE era, hasta ahora, intocable.

Por otra parte hay que recordar que la Constitución establece (aunque desde hace varios años la Carta Magna parece estar en desuso), que “la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”, y agrega que “las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”, pero la SGAE, sin ser Estado, mantiene una imposición que se escapa a su privacidad, con canon y sin canon. Ahora, cuando hay una situación judicial en curso, bueno sería que la Sociedad General de Autores se centrara en la defensa de sus asociados, en administrar correctamente la recaudación, y dejar que cada ciudadano tararee la canción que le de la gana... porque se ha pasado de rosca.