José Pérez-Guerra
Martes, 3 de abril de 2018

Para el Gobierno colombiano el pecio del galeón San José en un factor económico

[Img #29066]Hace tres años, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el hallazgo del pecio del galeón español ‘San José’ y, desde entonces todo su afán ha estado dirigido a rentabilizar estos restos poniendo por encima el valor económico de mercado al de patrimonio histórico. Primero, buscando en Francia un apoyo de espalda a España, conversando con intereses británicos, negociando con empresas ‘cazatesoros’, y el resultado ha sido un proyecto de extracción que, amparado por la ley que el presidente Santos logró del Parlamento de Colombia en 2013, cuando la localización del galeón ya era una realidad, permitirá a la empresa elegida, pagar los gastos con el 80% de todo lo extraído, al peso, sin estudio o valoración histórica alguna, por lo que este patrimonio será, en su mayor parte, comercializado.

 

En junio de 1708 el buque español ‘San José’ fue hundido en combate con la flota inglesa muy cerca de la isla Baru, frente a la costa de Cartagena de Indias, en la actual Colombia, quedando en su casco, bajo el mar, los cadáveres de la tripulación, los objetos de su carga y armamento, así como monedas de oro y plata que son parte de la historia de España y del mundo, un patrimonio que en buena medida corresponde a la Humanidad. Por lo que la decisión del gobierno colombiano se enfrenta a la política de las Naciones Unidas, a la UNESCO que ‘ve con enorme preocupación la destrucción de los yacimientos de patrimonio cultural subacuáticos en todo el mundo a través de su explotación comercial y su saqueo’. De ahí que José María Lancho, especialista en legislación de patrimonio, señale que ésta decisión del presidente Santos sobre este patrimonio cultural subacuático  tal vez sea ‘la más destructiva e insensata  de este siglo`.

 

El pecio del galeón ‘San José’, hundido por los ingleses en aguas cercanas a un territorio del Reino de España hace más de tres siglos, es un patrimonio que Colombia y España deben proteger como un bien cultural, y para ello lo racional sería que los gobiernos de ambos países hispanos se pongan de acuerdo para que los técnicos elaboren un plan de salvamentos atendiendo al valor patrimonial, que, además, es universal.

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