Lunes, 18 de octubre de 2010

Luis Antonio Ribot García ingresó en la Real Academia de la Historia

[Img #3501]Luis Antonio Ribot García, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), ingresó el domingo 17 de octubre de 2010 en la Real Academia de la Historia, para cubrir la vacante de la medalla nº 19 producida por el fallecimiento de don Gonzalo Menéndez Pidal y Goyri. La candidatura de Luis Antonio Ribot fue avalada por los académicos Carmen Iglesias Cano, José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano y Luis Miguel Enciso Recio. El nuevo académico fue elegido el viernes 8 de mayo de 2009.

El discurso que leyó lleva por título “Orígenes políticos del testamento de Carlos II. La gestación del cambio dinástico en España”. En nombre de la Corporación fue contestado por el académico Luis Miguel Enciso Recio.

Texto del discurso de Ribot García
El discurso profundiza en anteriores acercamientos a los orígenes del testamento de Carlos II que dio lugar a la llegada del primer monarca de la casa de Borbón al trono de España. La razón principal de insistir en dicho tema está en el arraigo de las interpretaciones tradicionales, cuyas tesis básicas son las siguientes: existían en la corte española unas opciones sucesorias claramente decididas al menos desde mediados de los años noventa del siglo XVII y una lucha de bandos directamente vinculada a ellas; había un poderoso partido francés que contaba con numerosos grandes y consejeros y que supo ganarse mayoritariamente a la opinión pública; el líder de dicho partido era el cardenal Portocarrero, inclinado desde bastante tiempo atrás a la sucesión francesa; el triunfo político del cardenal y sus partidarios a raíz del motín madrileño de finales de abril de 1699 les facilitó el acceso al rey y el control del consejo de Estado, ejerciendo una influencia determinante en el testamento final de Carlos II.

Parece evidente que la figura que ejerció un mayor influjo internacional sobre la decisión final de Carlos II fue Luis XIV. Por ello, la base esencial del trabajo en que se basa el discurso ha sido la revisión pormenorizada de la correspondencia del soberano francés con sus representantes en España. Las cartas entre el rey y Harcourt —posteriormente Blécourt— podían ofrecernos una nueva luz sobre quienes y cuantos eran los partidarios en la corte de la sucesión francesa, la índole e importancia real del llamado “partido francés”, la estrategia de Luis XIV y sus representantes acerca de la sucesión española y otra serie de aspectos relevantes para el análisis de los orígenes de la sucesión.

El estudio detallado de tal correspondencia, unido a otra variada documentación, me ha permitido distinguir una serie de fases en la dinámica política de los años finales del reinado en relación con la cuestión sucesoria. Creo que esta es la una de las principales aportaciones del discurso pues, por poner un ejemplo, muchos de los autores que han afirmado la decidida vinculación del cardenal Portocarrero a la sucesión francesa se han basado en documentos de mediados de 1698, sin tener en cuenta su posterior alejamiento —y el de otros personajes— con respecto al embajador francés. La situación de mediados de 1698, bastante favorable entre los cortesanos españoles a la sucesión francesa, no puede considerarse invariable y permanente, como a menudo se ha hecho. Es necesario analizar los cambios y la dinámica de los hechos, los planteamientos y las posturas de unos y otros.

Por ello, y tras analizar la cuestión sucesoria antes de la paz de Ryswick (1697), se han identificado cuatro fases en el periodo 1698-1700, de acuerdo con la evolución de dos elementos esenciales: la estrategia francesa y las posturas de los principales cortesanos españoles. Resulta así sorprendente que, tras unos primeros meses de bastante éxito —de febrero al otoño de 1698— en los que la opción francesa parecía avanzar de forma decisiva, la situación entró en una fase de alejamiento y desconfianzas mutuas, a raíz del tratado de reparto de 1698 y el segundo testamento de Carlos II a finales de dicho año. La muerte de José Fernando de Baviera pocos meses después, dio paso a un tercer y largo periodo, de más de un año de duración —de febrero de 1699 a mayo de 1700— en el que las cosas se complicaron extraordinariamente, lo que me ha permitido hablar de un auténtico “embrollo”, muy distinto a las “grandes esperanzas” suscitadas por los primeros meses de la embajada del marqués de Harcourt. El caso es que la embajada de éste, considerado tradicionalmente como el auténtico muñidor de la sucesión francesa en la corte madrileña, acabó en los primeros meses de 1700 con un relativo fracaso, como muestran sus últimas cartas, en que parecía no entender nada de cuanto ocurría.

El acontecimiento clave de este tercer periodo fue el motín ocurrido en la corte el 28 de abril de 1699, mal interpretado por la historiografía, que vio detrás de él la mano de los partidarios de la sucesión francesa. Lo cierto es que entre los organizadores del golpe político que se aprovechó del motín había gentes que parecían inclinarse hacia dicha posibilidad (como el cardenal Portocarrero o los condes de Monterrey y Benavente), pero también, y con una participación decisiva, partidarios del emperador como el marqués de Leganés, en cuya casa se reunían habitualmente los conjurados, o el propio embajador imperial Alosisio de Harrach, que asistía habitualmente a tales reuniones. La clave está, en mi opinión, no solo en los intentos del embajador austriaco de llevar el agua a su molino, sino sobre todo en la necesidad de no reducir la pugna política, mucho más amplia y compleja, a la cuestión sucesoria, por importante que ésta pudiera ser.

Muchos autores se han equivocado también al pensar que, a partir del motín, Portocarrero y sus partidarios controlaron el poder hasta la muerte del rey. Las cosas no fueron así y la documentación lo prueba de forma fehaciente. De hecho, tras un primer periodo de debilidad, que ocasionó la caída del conde de Oropesa y el almirante de Castilla, el bando político encabezado por la reina Mariana de Neoburgo recuperó buena parte de su poder, hasta el punto de provocar en algunos momentos la desesperación y las dudas de sus enemigos. El problema es que la reina, desposeída de sus principales apoyos, tenía un poder cada vez más personal y ficticio, respaldada ya casi exclusivamente por su entorno alemán. La mejor prueba de ello fue la amplia promoción de consejeros de Estado de noviembre de 1699, muy influida por la reina, pero la mayor parte de cuyos miembros recomendaría pocos meses después a Carlos II la redacción de un testamento favorable a un nieto de Luis XIV.

Para entonces Harcourt ya había abandonado la corte de Madrid, no solo por sus repetidas instancias para ello, sino sobre todo porque Luis XIV nunca había dado demasiada importancia a sus negociaciones. No creía en absoluto que Carlos II pudiera designar heredero a uno de sus nietos, por lo que la misión de su embajador en Madrid no era conseguir un testamento favorable a sus intereses, sino ganarse a los principales cortesanos y, sobre todo, impedir cualquier pronunciamiento o medida favorable a los intereses sucesorios del emperador. Confiado en su fuerza, el mayor interés de Luis XIV era conseguir un tratado de reparto que asignara a la corona de Francia partes conspicuas del territorio perteneciente a la Monarquía de España. Lo consiguió en 1698, pero la muerte de José Fernando de Baviera reabrió las negociaciones para un nuevo tratado que no se firmaría hasta entrado el año 1700, lo que prolongó la estancia en la corte madrileña del embajador Harcourt. Después del tratado ni siquiera hacía falta un embajador, y el representante de Luis XIV en los meses posteriores tuvo únicamente la categoría de encargado de negocios. Él representó sin embargo al soberano francés en el periodo final —el cuarto—, “los meses decisivos” que transcurren entre mayo y octubre de 1700, en los que los miembros del Consejo de Estado se inclinarían mayoritariamente a favor de la sucesión francesa y tendrían lugar la enfermedad final, el tercer y último testamento, y la muerte del rey, ocurrida el 1 de noviembre.

Al cabo, la inclinación final de los principales gobernantes españoles no obedeció a la existencia previa de un partido francés, ni a una postura claramente definida con anterioridad. Se trató más bien de una opción propia de políticos responsables que, por encima del rechazo que provocaba en ellos la política agresiva de Luis XIV, supieron valorar las hondas razones de estado —o de Monarquía— que aconsejaban la solución francesa. No solo la amenaza inminente de las topas apostadas en la frontera —y dirigidas por Harcourt— sino sobre todo la esperanza de que la vinculación a Francia —con separación explícita entre ambas coronas, como habría de exigir el testamento de Carlos II— evitara la desmembración de la Monarquía prevista en el tratado de reparto”.

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