Jueves, 30 de diciembre de 2010
Desestimando el recurso del Ayuntamiento de Salamanca

El Supremo ratifica la legalidad del traslado de los 'papeles' de Salamanca a Cataluña

[Img #4444]El Tribunal Supremo ha avalado el traslado a Cataluña de los conocidos 'papeles' de Salamanca que fueron incautados durante el franquismo a instituciones y particulares catalanes y ha destacado que la resolución de la Audiencia Nacional que legitimaba la entrega fue "correcta y, por ende, ajustada a Derecho", según informa Europa Press.

En una sentencia dada a conocer el miércoles 29 de diciembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso que interpuso en marzo de 2009 el Ayuntamiento de Salamanca contra la resolución de la Audiencia Nacional que confirmaba la legitimidad de la orden del Ministerio de Cultura, por la que el 18 de enero de 2006 se acordaba restituir a la Generalitat catalana los documentos del Archivo de Salamanca. Dicho dictamen de la Audiencia Nacional avaló el traslado a Cataluña de 507 cajas con documentos del Archivo salmantino al tiempo que reconoció el derecho de todos los españoles a que se les devuelvan los papeles que les fueron incautados durante la Guerra Civil y, en consecuencia, que este privilegio no se limitara sólo a los particulares catalanes.

En el recurso de casación interpuesto ante el Supremo, el consistorio salmantino volvió a denunciar que se omitieron trámites "esenciales" para proceder al traslado de los papeles. Entre ellos, detalla que el Patronato Rector del Archivo General de la Guerra Civil no había emitido el "preceptivo informe" sobre la propuesta de salida de fondos del archivo y añade que la Comisión Mixta, formada por miembros de la Administración central y catalana, no identificó en su momento los documentos que debían ser entregados.

En la sentencia ahora dictada por el Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Lecumberri, el alto tribunal rebate esos argumentos y confirma que "ninguna de las infracciones que se denuncian por el Ayuntamiento ni formalmente son imputables a la Administración ni, desde luego, tienen una indubitada trascendencia jurídica para poder acarrear la nulidad de pleno derecho de la orden ministerial impugnada".

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